¿Por qué es clave que las organizaciones del sector alimentario cuenten con un Modelo de Compliance?

No son pocas las noticias que se están publicando en los medios de comunicación a raíz de la «OperaciónMatsu», que engloba un supuesto fraude alimentario derivado de la comercialización irregular de conservas de atún a precios considerablemente inferiores a los de la competencia. Conservas que, según las investigaciones preliminares, habrían sido etiquetadas como aceite de oliva, cuando supuestamente era un aceite de calidad inferior y en unas condiciones de insalubridad que podrían afectar negativamente a la salud pública y al consumidor final.

Como resultado de lo anterior, un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Calahorra, La Rioja, incoó Diligencias Previas por supuestos delitos contra la salud de los consumidores; estafa y organización criminal frente a cuatro personas físicas, aunque de momento —al parecer— no se habrían iniciado acciones penales frente a la sociedad que comercializaba dichos alimentos.

Este presunto caso de fraude alimentario, quizá, nos haga recordar otro reciente (2019) y altamente mediático, provocado a raíz del mayor brote de listeriosis en nuestro país. Por mor del citado suceso, a finales de 2023, un Juzgado de Instrucción de Sevilla dictó Auto de apertura de juicio oral frente a dos personas jurídicas —además de hacerlo respecto de otras personas físicas— por un delito contra la salud pública, del art. 363 del Código Penal (LA LEY 3996/1995) —«CP»—, fijando además una fianza solidaria de 5.166.688,50 euros sobre aquéllas.