Derecho Penal

El reciente pronunciamiento de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en su Sentencia nº1046/2024, de 20 de noviembre, reitera la ya asentada doctrina de la Sala, en lo que respecta a la prohibición de emplear informaciones sumariales intempestivas -fuera de plazo- en virtud del artículo 324 de la LECRim. Es decir, el Juez Instructor no podrá considerar los datos incorporados irregularmente -por extemporáneos- al proceso como fundamento de una decisión inculpatoria. ¿O, sí?

La reciente Sentencia del Tribunal Supremo nº 1182/24, de 7 de enero de 2025 (ponente: Excmo. Sr. D. Manuel Marchena Gómez), da un significativo paso adelante al abordar la controversia entre la prescripción administrativa de la deuda tributaria y la penal del delito fiscal. Y es que, por desgracia, es práctica común de la AEAT mantener investigaciones en curso, aun cuando la deuda tributaria ha prescrito, pretendiendo la sustanciación de un procedimiento penal como instrumento de apremio para cobrar del deudor tributario. Ahora, esta resolución reafirma los límites de la potestad investigadora de la Administración Tributaria.

La tensión entre la celeridad y la garantía a un proceso justo, constituye uno de los grandes desafíos para el Derecho. Es por ello que el legislador, en el año 2015, introdujo la Ley 4/2015, de 5 de octubre para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales, y así tratar de evitar la prolongación indebida e injustificada del proceso. Esta reforma, a priori, constituía una garantía para los derechos del investigado.

Desde Bufete Osuna, entendemos la importancia de estar al día de los cambios legislativos y jurisprudenciales que impactan directamente en empresas, instituciones y particulares.

En el marco del Plan Justicia 2030, la reciente aprobación de la Ley 1/2025 culmina el proceso de reformas legislativas orientadas a mejorar la eficiencia del sistema judicial español. Tras la publicación en 2023 del Real Decreto-ley 5/2023 en junio y del Real Decreto-ley 6/2023 en diciembre, que incorporaron medidas de eficiencia procesal y digital, quedaba pendiente la aprobación del proyecto de ley de eficiencia organizativa.

La Ley Orgánica 5/2024, de 11 de noviembre, del Derecho de Defensa, publicada en el BOE el 14 de noviembre de 2024, entrará en vigor el día4 de diciembre de 2024.

En estos últimos años, hemos venido evidenciado, un avance tecnológico imparable dentro de nuestra sociedad, dando paso a nuevas conductas, que necesitaban de una regulación más actualizada a los tiempos.

La lentitud de la justicia española es de conocimiento para todos. Es por ello que el legislador, en el año 2015, introdujo la Ley 4/2015, de 5 de octubre para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales, y así tratar de evitar la prolongación indebida e injustificada del proceso. Esta reforma, a priori, constituía una garantía para los derechos del investigado.

El papel del Ministerio Fiscal cuando el ofendido renuncia a la acción penal o desiste de la querella.