Desde Bufete Osuna Legal & Compliance nos enorgullece compartir el artículo de nuestro compañero Carlos Sáenz de Tejada Sánchez recientemente publicado en El Derecho-Lefebvre.
Muchas empresas creen que el 𝗖𝗼𝗺𝗽𝗹𝗶𝗮𝗻𝗰𝗲 termina cuando su Sistema está ya implantado.
Desde Bufete Osuna Legal & Compliance nos enorgullece compartir el artículo de nuestra compañera Laura Gómez Herrainz recientemente publicado en El Derecho-Lefebvre.
En Bufete Osuna sabemos que los cambios legislativos y jurisprudenciales tienen un impacto directo en la práctica penal, tanto para empresas como para la defensa de particulares.
La Sala Segunda del Tribunal Supremo, en su Sentencia nº 681/2025, de 15 de julio, ha confirmado recientemente la condena a los integrantes de una organización criminal que tripulaba un velero interceptado en el Océano Atlántico.
En 2025, España afronta uno de los cambios más significativos en materia de seguridad vial de las últimas décadas: la reducción drástica de la tasa de alcohol permitida para conducir.
La ocupación de bienes inmuebles es una problemática legal que ha cobrado relevancia en los últimos años, especialmente en el ámbito penal.
Desde Bufete Osuna, entendemos la importancia de estar al día de los cambios legislativos y jurisprudenciales que impactan directamente en empresas, instituciones y particulares.
El reciente pronunciamiento de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en su Sentencia nº1046/2024, de 20 de noviembre, reitera la ya asentada doctrina de la Sala, en lo que respecta a la prohibición de emplear informaciones sumariales intempestivas -fuera de plazo- en virtud del artículo 324 de la LECRim. Es decir, el Juez Instructor no podrá considerar los datos incorporados irregularmente -por extemporáneos- al proceso como fundamento de una decisión inculpatoria. ¿O, sí?
La reciente Sentencia del Tribunal Supremo nº 1182/24, de 7 de enero de 2025 (ponente: Excmo. Sr. D. Manuel Marchena Gómez), da un significativo paso adelante al abordar la controversia entre la prescripción administrativa de la deuda tributaria y la penal del delito fiscal. Y es que, por desgracia, es práctica común de la AEAT mantener investigaciones en curso, aun cuando la deuda tributaria ha prescrito, pretendiendo la sustanciación de un procedimiento penal como instrumento de apremio para cobrar del deudor tributario. Ahora, esta resolución reafirma los límites de la potestad investigadora de la Administración Tributaria.