Ha pasado más de un año desde que entró en vigor la conocida Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.
La Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informan sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, nos expone los canales de denuncia vigentes.
El término Compliance, tal y como lo conocemos, se suele asociar con la responsabilidad penal de la persona jurídica. No obstante, a veces, tenemos que irnos a otros ordenamientos de nuestro derecho para encontrar resoluciones determinantes que afectan a esta materia.
El presente documento trata de enumerar las principales resoluciones sobre responsabilidad penal de la persona jurídica en España entre los años 2022 y 2024.
La presente noticia tratará de ordenar y enumerar los delitos que pueden imputársele, a fecha de emisión de la noticia, a la persona jurídica en virtud del artículo 31 bis del Código Penal.
La reciente Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción (“Ley 2/23”, o “la Ley”), cita en su artículo 10 todas aquellas entidades del sector privado obligadas a contar con un sistema interno de información y da un plazo, según tamaño, para adaptar este canal a las especialidades de la nueva normativa.
El sistema de gestión de Compliance está presente en todos los sectores, incluyendo el sector marítimo – portuario. El sector de transporte marítimo tiene gran importancia para el tráfico económico mundial, y por ello se expone a riesgos derivados de su actividad, como puede ser el de contrabando, cohecho internacional, estafa, medio ambiente, corrupción, etc.
Bufete Osuna participará en el claustro y patrocinará Las Jornadas Internacionales sobre Compliance y Responsabilidad Penal Corporativa en España, organizadas por la prestigiosa Florida International University y la prestigiosa Universidad de Valladolid.
El Derecho Penal, hasta la Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio, solo contemplaba la responsabilidad penal de la persona física y no es hasta la promulgación de la citada Ley que se incorpora el conocido artículo 31 bis (“societas delinquere potest”) y se genera un nuevo panorama legal y penal en el plano de las personas jurídicas.
En general, el delito de corrupción deportiva cometido por una persona jurídica se encuentra regulado en el artículo 286 bis.4 del Código Penal español. Este artículo establece que se considera delito de corrupción deportiva la realización de cualquier acto ilícito o irregular destinado a alterar el resultado de una competición deportiva.