Anticipos por impago de pensiones alimenticias

El impago de las pensiones de alimentos a hijos menores de edad es un tema muy delicado, aunque
también algo común, que tiene cobertura en distintas ramas jurisdiccionales.

Además de la ejecución civil o exigencia de cumplimiento de la resolución que obliga a su pago, encontramos el delito de impago de pensiones en el Código Penal para los casos en los que el pago es manifiestamente deliberado.

Una protección poco conocida

Incluso, conociendo la importancia que esta materia derivada de situaciones de crisis familiar tiene, el Gobierno creó en el año 2006 un procedimiento para el pago de las pensiones de alimentos impagadas a cargo del Estado a modo de anticipo, para a continuación subrogarse en la condición de acreedor frente al progenitor obligado y que no cumple, en la ejecución civil para la reclamación de estas cantidades anticipadas al menor. Este expediente de carácter administrativo, tiene una tramitación sencilla, si bien con condiciones y requisitos que han de ser valorados para determinar la accesibilidad de los solicitantes o beneficiarios a estos anticipos.

¿Quién puede ser beneficiario del fondo de garantia para pago de alimentos?

Los beneficiarios serán los menores de edad, tanto españoles como los nacionales de los demás Estados miembros de la Unión Europea residentes en España y con ciertas limitaciones los menores nacionales de un tercer Estado (fuera de la UE) residentes en España. Es imprescindible que sean titulares de un derecho de alimentos judicialmente reconocido e impagado.

Requisitos para solicitar el fondo de garantia

Se requiere que los beneficiarios formen parte de una unidad familiar cuyos recursos e ingresos económicos, computados anualmente y por todos sus conceptos, no superen los límites resultantes de multiplicar la cuantía anual del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), vigente en el momento de la solicitud del anticipo, por el coeficiente que corresponda en función del número de hijos e hijas menores que integren la Unidad familiar; formada ésta por el progenitor y los hijo cuyo cargo tenga atribuido.

Es decir se computa la renta de aquellos miembros de la unidad familiar que no son el “progenitor impagador”. A fecha de hoy, por ejemplo, si solo hubiera un hijo el límite de rentas de la unidad familiar que pretende reclamar asciende aproximadamente a 10.000 € y este límite se incrementará por cada hijo.

Este Fondo permite a estas Unidades Familiares recibir un anticipo de pensiones de alimentos reconocidas e impagadas con un tope de 100 € al mes por beneficiario.

Si tiene un problema de estas características, en Bufete Osuna podemos asesorarle sobre la viabilidad y conveniencia de tomar acciones legales en su caso

¿Qué ha pasado con la llamada incapacidad o proceso de incapacitación?

La Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, entró en vigor el 3 de septiembre del 2021.

Desde esta fecha, en nuestro sistema legal se eliminan del ámbito de la discapacidad la tutela, la patria potestad prorrogada y la patria potestad rehabilitada, que la nueva ley considera figuras demasiado rígidas y poco adaptadas al sistema de promoción de la autonomía de las personas adultas con discapacidad y con ánimo de adecuar la normativa a las obligaciones derivadas de los acuerdos internacionales.

El anterior régimen de guarda legal (tutela), para quienes precisan el apoyo de modo continuado, ha sido reemplazado por la curatela, cuyo contenido y extensión debe ser precisado por la resolución judicial que la acuerde en armonía con la situación y circunstancias de la persona con discapacidad y con sus necesidades de apoyo (artículo 250 del Código civil modificado).

La reforma suprime, por tanto, la declaración de incapacidad y se centra en la provisión de los apoyos necesarios que una persona con discapacidad pueda precisar, con la finalidad de permitir el desarrollo pleno de su personalidad y su desenvolvimiento jurídico en condiciones de igualdad; sin perjuicio de la adopción de medidas que atiendan a la voluntad, deseos y preferencias de la persona que las requiera (artículo 249 del Código civil modificado y Sentencia 589/2021 del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil de fecha 08-09-2021).

El nuevo procedimiento de provisión de apoyos sólo puede conducir a una resolución judicial que determine los actos para los que la persona con discapacidad requiera el apoyo, pero en ningún caso a la declaración de incapacitación ni a la privación de derechos, sean estos personales, patrimoniales o políticos.

Para las personas que con anterioridad habían sido incapacitadas y sujetas al régimen de tutela; la nueva Ley en su Disposición Transitoria Primera y Segunda, prevé que a partir de la indicada fecha de entrada en vigor “las meras privaciones de derechos de las personas con discapacidad, o de su ejercicio, quedarán sin efecto”, “quienes ostenten la patria potestad prorrogada o rehabilitada continuarán ejerciéndola hasta que se produzca la revisión a la que se refiere la Disposición Transitoria Quinta” y “a los tutores de las personas con discapacidad se les aplicarán las normas establecidas para los curadores representativos”.

Por tanto, las personas representantes de una persona que hubiera sido incapacitada puede que próximamente necesiten instar, o lo haga el propio Juzgado, una REVISIÓN DE LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS PARA PERSONA CON DISCAPACIDAD CON ANTERIORIDAD A LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY 8/2021, DE 2 DE JUNIO, PARA ADAPTARLAS A LA NORMATIVA VIGENTE.

Se prima la autonomía de la persona con discapacidad, aunque en los casos de más gravedad, la necesidad se impone y puede resultar precisa la constitución de una curatela con funciones representativas para que el afectado pueda ejercitar sus derechos por medio de su curador. Esta medida se prevé con carácter excepcional y la exigencia de precisar el alcance de la representación con detalle en la resolución judicial que la adopte.

¿Puedo tener pensión de viudedad por fallecimiento del primer cónyuge?

¿Puedo tener pensión si fallece mi primer/a esposo/a, pese a que me casé con posterioridad? 

Es una pregunta bastante común por parte de nuestros clientes, pues parecería en primer término que no cabría la pensión de viudedad si con posterioridad el ex-cónyuge superviviente se ha casado por segunda vez. No obstante, sí que puede ocurrir en varios casos, pero deben darse muchos requisitos. Analicemos la situación desde lo básico a lo concreto.

En principio, si no se contraen segundas nupcias, se tiene derecho a pensión siempre que se estableciera pensión compensatoria en el convenio o sentencia de divorcio. En otro caso, no se tiene derecho a pensión, pero existen excepciones a esta regla. Por tanto, también tendrán derecho a pensión si se da alguno de los siguientes supuestos:

  1. El ex-cónyuge superviviente sea víctima de violencia de género.
  2. El divorcio se produjese antes del año 2008, hubieran pasado más de 10 años desde el divorcio, se hubiera tenido un matrimonio superior a 10 años, y que el beneficiario (o sus hijos, si los hay) sean mayores de 50 años.
  3. El ex-cónyuge sea mayor de 65 años, no tenga ninguna otra pensión y el matrimonio hubiese durado más de 10 años.

Todo lo anterior se da cuando no se contraen segundas nupcias. No obstante todo lo anterior, si el ex-cónyuge se vuelve a casar NO podrá optar a la pensión de viudedad, salvo que se den todos estos requisitos:

  • El ex-cónyuge sea mayor de 61 años, o menor y tener una incapacidad permanente absoluta, gran invalidez o minusvalía superior al 65%.
  • La pensión de viudedad sea la uńica fuente de ingresos (considerando tal si la pensión es superior al 75% de todos los ingresos del beneficiario en cómputo anual).
  • El nuevo cónyuge tiene unos ingresos anuales inferiores al doble del salario mínimo interprofesional calculado anualmente.

Si se dan estos requisitos nos encontramos, a su vez, en dos casos dependiendo del tipo de contingencia:

  • En el caso de contingencia profesional (1) no es necesario probar convivencia pues se entiende producida, (2) no es necesario probar necesidad económica de la pensión y (3) es compatible con cualquier otra prestación.
  • En el caso de contingencia común es distinto. La pensión se dará siempre que se acredite que el fallecido estaba dado de alta al momento de fallecer, y siempre que se hubiese cotizado al menos 500 días en los últimos cinco años.

En tal caso, se necesita que se den alguno de estos requisitos adicionales:

  • Prueba de que el matrimonio se produjo, al menos, un año antes de que se manifestara la enfermedad.
  • Existencia de hijos comunes.
  • Convivencia extramatrimonial y matrimonial de al menos dos años.

Cada caso es un mundo, y esta mera enumeración no puede sustituir el asesoramiento concreto por parte de un abogado especializado que estudie su caso.

Por eso, si está dudando si tiene derecho a tal prestación, le recomendamos ponerse en contacto con nosotros para evaluar su caso concreto sin compromiso.

Deje su caso en nuestras manos y nosotros nos encargaremos de comprobar si tiene derecho, así como de toda la burocracia asociada.