El pasado 1 de junio pusimos fin al calvario de nuestro cliente, investigado por Hacienda, tras cinco años inmerso en un procedimiento penal.
Nuestro cliente, un empresario de 81 años de edad, que dedicó toda su vida a trabajar, llegando a tener hasta a 289 empleados a su cargo.
El 93 % de su facturación dependía de contratos con la Administración Pública, cuyos pagos llegaban con retrasos de hasta doce meses. Mientras tanto, las nóminas, proveedores y otras tantas obligaciones de la empresa exigían pagos inmediatos.
Ante esta falta de tesorería, ¿Qué debía hacer nuestro cliente?
¿𝗣𝗮𝗴𝗮𝗿 𝗮 𝘀𝘂𝘀 𝗲𝗺𝗽𝗹𝗲𝗮𝗱𝗼𝘀 𝗼 𝗽𝗮𝗴𝗮𝗿 𝗲𝗹 𝗜𝗩𝗔 (𝗱𝗲𝗰𝗹𝗮𝗿𝗮𝗱𝗼) a la AEAT? Sí, esa misma que pagaba a 12 meses.
La falta de liquidez acabó generando una situación insostenible. La compañía entró en concurso – aunque tarde, según la abogacía del Estado- y, finalmente lo previsible, nuestro cliente devino insolvente.
La AEAT elaboró un demoledor 𝗜𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗲 𝗗𝗲𝘁𝗮𝗹𝗹𝗮𝗱𝗼 𝗱𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗶𝘁𝗼, sentándose sobre él las bases de la querella que presentó a posteriori la Fiscalía.
Por cierto, nuestro defendido nunca pudo contradecir ese Informe. No tenía medios.
5 años de procedimiento penal. Una 𝗱𝗲𝗿𝗶𝘃𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝘀𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝗱𝗮𝗱 𝗮𝗻𝘂𝗹𝗮𝗱𝗮 en vía tributaria. Las acusaciones pedían 𝟱 𝗮𝗻̃𝗼𝘀 𝘆 𝟲 𝗺𝗲𝘀𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗰𝗮́𝗿𝗰𝗲𝗹 𝘆 𝟳 𝗺𝗶𝗹𝗹𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗲 𝗥𝗖 𝘆 𝗺𝘂𝗹𝘁𝗮.
¿Qué podíamos hacer?
Tras seis meses de intensas negociaciones, alcanzamos un acuerdo con las acusaciones: 𝟭 𝗮𝗻̃𝗼 𝗱𝗲 𝗰𝗮́𝗿𝗰𝗲𝗹 por el IVA de 2017 y 𝟮 𝗮𝗻̃𝗼𝘀 por el IVA de 2018 + 𝘀𝘂𝘀𝗽𝗲𝗻𝘀𝗶𝗼́𝗻 de la ejecución de la pena (pese a la oposición de la abogacía del Estado) + 𝟯𝟱𝟬 𝗲𝘂𝗿𝗼𝘀 𝗮𝗹 𝗺𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗥𝗖 hasta que nuestro cliente, de 81 años, fallezca.
Más allá del resultado alcanzado, este asunto vuelve a poner sobre la mesa un debate jurídico de enorme relevancia:
¿Se investiga siempre de verdad el dolo en estos asuntos? ¿O se presume a través del impago?
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