¿Por qué son cada vez más necesarios los procedimientos de diligencia debida (Due Diligence) en las empresas?
En el actual contexto normativo, donde la responsabilidad penal de las personas jurídicas ya no es una hipótesis remota sino una realidad operativa, los procedimientos de Diligencia Debida (Due Diligence) se han convertido en una herramienta clave para todas las empresas, incluso para aquellas que no están legalmente obligadas por la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Procedimientos de Diligencia Debida (Due Diligence)
La Diligencia Debida opera como un filtro preventivo consistente en investigar, verificar y supervisar a proveedores, clientes, intermediarios y demás socios de negocio, con el fin de detectar y mitigar posibles riesgos antes de establecer o mantener una relación de negocio. Este procedimiento permite a las organizaciones anticiparse no sólo a prácticas corruptas sino también a una amplia gama de ilícitos penales.
Conocer a fondo a la contraparte – estructura societaria, reputación, historial de cumplimiento, situación financiera, exposición a riesgos específicos, etc.- resulta esencial para proteger a la organización -sin importar su tamaño, complejidad o naturaleza- de posibles responsabilidades penales y asegurar relaciones de negocios alineadas con los valores éticos y el cumplimiento normativo (Compliance).
Ejemplo práctico
Un ejemplo ilustrativo y frecuente en la práctica empresarial: una entidad subcontrata a un proveedor, sin realizar previamente un procedimiento de Diligencia Debida y, por tanto, sin analizar su perfil legal, reputacional o societario. Tiempo después, dicho proveedor resulta investigado en un procedimiento penal por emplear de forma irregular a trabajadores extranjeros. Aunque la empresa contratante no haya intervenido directamente en esos hechos, su exposición al riesgo no desaparece, por lo que podría verse inmersa en un procedimiento penal (si se acredita que pudo beneficiarse directa o indirectamente de esas prácticas, y no implementó las medidas internas suficientes de supervisión, vigilancia y control para evitar que éstas se produjeran) y enfrentarse a graves consecuencias reputacionales, como la exclusión de licitaciones públicas o el deterioro de su imagen corporativa.
Ausencia de procedimientos de Diligencia Debida
Esta situación, pone de manifiesto cómo la ausencia de procedimientos de Diligencia Debida puede traducirse en consecuencias penales y reputacionales significativas para una empresa. No por haber incurrido directamente en un ilícito penal, sino por no haber ejercido control alguno sobre sus socios de negocio, asumiendo de facto los riesgos de terceros cuya conducta nunca fue debidamente analizada.
Contar con un procedimiento de Diligencia Debida
Contar con un procedimiento de Diligencia Debida eficaz no exige estructuras complejas, pero sí un compromiso real con el cumplimiento normativo y la buena práctica empresarial. En este sentido, el cumplimiento normativo ya no puede entenderse como un conjunto de documentos “archivados en una carpeta”. Actualmente implica aplicar, de forma efectiva y sostenida, mecanismos que permitan conocer con quién se establecen relaciones de negocios, cómo operan los socios comerciales y qué riesgos penales puede generar cada eslabón de la cadena. La Diligencia Debida es precisamente eso: un proceso activo de identificación, análisis y evaluación de riesgos que deben aplicarse tanto a clientes como a proveedores, intermediarios, agentes, consultores o entidades vinculadas.
En definitiva, la Diligencia Debida ha dejado de ser una herramienta reservada a grandes corporaciones o sectores regulados, para convertirse en una necesidad transversal aplicable a cualquier entidad que pretenda operar de forma ética y alineada con el cumplimiento normativo. Su implementación no sólo contribuye a prevenir posibles responsabilidades penales, sino que proyecta una imagen de integridad, compromiso y visión a largo plazo. La cultura de cumplimiento comienza por conocer con quién se establecen relaciones de negocios y exige que ese conocimiento sea real, verificado y gestionado de forma continua, no sólo proclamado “sobre el papel”.
