Bufete Osuna logra el sobreseimiento de una causa penal por caducidad de la instrucción
Bufete Osuna ha conseguido el sobreseimiento de un procedimiento penal seguido por un presunto delito de acoso laboral, tras acreditar que la instrucción había caducado sin que se hubiera practicado una diligencia esencial: la declaración del investigado.
El caso, del que también se ha hecho eco Diario de Sevilla en su sección Juzgado de Guardia, pone de manifiesto la importancia de los plazos procesales en el ámbito penal y el papel fundamental de la defensa cuando se trata de garantizar que el procedimiento se desarrolle conforme a las reglas establecidas por la ley.
El origen del procedimiento se situaba en el ámbito de la jurisdicción militar, a principios de 2025. Sin embargo, la causa quedó condicionada por una controversia competencial entre órganos judiciales. Primero, el órgano militar entendió que los hechos no tenían naturaleza castrense y acordó inhibirse en favor de la jurisdicción ordinaria. Posteriormente, el órgano receptor rechazó asumir la competencia al plantear dudas sobre el lugar en el que se habrían producido los hechos.
Esta situación obligó a la intervención de la Sala de Conflictos del Tribunal Supremo, que finalmente determinó que la competencia correspondía a la jurisdicción ordinaria, al tratarse de presuntas víctimas civiles.
Durante ese periodo, mientras se resolvía qué órgano debía conocer del procedimiento, el plazo de instrucción continuaba transcurriendo. Esta circunstancia resultó determinante para la estrategia de defensa desarrollada por Bufete Osuna.
El artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece un plazo máximo de doce meses para la investigación judicial, salvo que se acuerde una prórroga en los términos legalmente previstos. En este caso, el plazo comenzó a computarse a finales de marzo de 2025 y expiró en la misma fecha de 2026 sin que se hubiera tomado declaración al investigado y sin que se hubiera solicitado ni acordado una prórroga válida.
La cuestión jurídica central era si la existencia de un conflicto de competencia o de jurisdicción podía suspender el cómputo del plazo de instrucción. La respuesta defendida por Bufete Osuna fue clara: no.
La tramitación de una controversia competencial no constituye un paréntesis legal en la instrucción penal. Tampoco permite justificar una paralización del procedimiento ni trasladar al investigado las consecuencias de la inactividad judicial. El ordenamiento procesal impone a los órganos judiciales una obligación de diligencia permanente, incluso cuando existen dudas sobre qué órgano resulta finalmente competente.
En este sentido, los artículos 22, 25 y 759.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal obligan a continuar practicando las diligencias necesarias para la comprobación del delito y la determinación de los posibles responsables. Por tanto, el planteamiento de un conflicto competencial no suspende automáticamente la obligación de investigar ni detiene el plazo legal de instrucción.
En el procedimiento defendido por el despacho, la declaración del investigado no se había practicado dentro del plazo legal. Esta diligencia resulta imprescindible para poder continuar el proceso penal, conforme al artículo 779.1.4ª de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Su ausencia dentro del plazo de instrucción impedía avanzar válidamente en el procedimiento.
La defensa sostuvo que, una vez expirado el plazo máximo sin haberse practicado dicha diligencia y sin haberse acordado prórroga, la instrucción debía considerarse caducada. En consecuencia, cualquier intento posterior de recibir declaración al investigado habría resultado extemporáneo y contrario a las garantías del derecho de defensa.
El órgano judicial acogió la tesis planteada por Bufete Osuna y acordó el sobreseimiento de las actuaciones. La resolución confirma que el investigado no puede soportar las consecuencias de una paralización procesal derivada de un conflicto de competencia entre órganos judiciales.
Este resultado no responde a una cuestión meramente formal, sino a la aplicación estricta de una garantía esencial del proceso penal. Los plazos de instrucción existen para evitar investigaciones indefinidas y para impedir que una persona permanezca sometida durante un tiempo excesivo al peso de una causa penal sin que se practiquen las diligencias necesarias dentro del marco legal.
El caso evidencia, además, la importancia de una defensa técnica especializada y atenta al desarrollo procesal de la causa. En procedimientos penales, el control de los plazos, la identificación de las diligencias imprescindibles y la reacción en el momento oportuno pueden resultar decisivos para la protección de los derechos del investigado.
Para Bufete Osuna, este sobreseimiento reafirma una idea esencial: los conflictos de jurisdicción o de competencia no pueden convertirse en una justificación para la parálisis de la instrucción. El reloj de las garantías procesales sigue avanzando, y cuando la investigación caduca sin que se hayan practicado las actuaciones esenciales, la consecuencia jurídica debe ser el archivo de la causa.
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Marta Alejandre Sánchez es Abogada especializada en Derecho Penal y Penal Militar, colegiada nº 16.559 del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla. Licenciada en Derecho y ADE por la Universidad de Sevilla, cuenta con un Máster en Práctica de la Abogacía por la UDIMA.
Ha complementado su formación con estudios en contabilidad práctica y manejo avanzado de bases de datos jurídicas, reforzando su perfil analítico. Cuenta con experiencia en distintos despachos en áreas como derecho administrativo, civil, militar y penal, centrándose principalmente en el ámbito penal y militar.
